Por la
situación actual de amenazas, agresiones e incitación al delito contra nuestra
familia, por la desmedida violencia de género a la que hemos estado expuestos
en los últimos años, por la crisis económica actual que atraviesa nuestra
familia para poder movilizarnos y que pudiera llevarnos a ser víctimas
nuevamente de una agresión violenta y criminal, esta vez con un lamentable
desenlace fatal, como lo seria la muerte de alguno de nosotros dos, en fecha 26
de mayo de 2012 declaro:
Yo, Carmen
Adriana Arellán de Rosabal, venezolana, titular de la cedula de
identidad No.6.862.467, casada, con residencia en el Estado de Nueva
Esparta, declaro que: Desde el pasado 17 de mayo de 2012, hace apenas siete
(07) días, nuestra familia de apenas cuatro personas, mi esposo, mis dos hijas
y mi persona permanecemos a resguardo discrecional, ocultos, en un lugar de la
isla; debimos abandonar la vivienda ubicada en la Casa No.16 del Conjunto
Residencial El Agua en la urbanización Villa Zoíta, Parroquia Francisco
Fajardo, Municipio García del Estado Nueva Esparta después de recibir amenazas y
agresiones que han puesto nuevamente en peligro nuestras vidas y puntualmente
la de las niñas. Sin temor a equivocarme ni a infamar sobre alguien en
particular, quiero dejar por escrito que estas agresiones y ataques violentos
contra nuestra familia tienen su aval en la indiferencia del estado y sus
instituciones en nuestro caso, nunca han actuado con humanidad y premura,
aludiendo siempre “razones políticas” para no poder dar una solución
humanitaria, apuntando ser mi esposo, según ellos, además de un ciudadano
cubano, “y eso complica las cosas”, “un personaje noticioso involucrado en
asuntos políticos de trascendencia pública y notoria, por lo cuál es difícil
darles una respuesta”. Nuestro caso es del conocimiento de casi todos los
organismos del estado en la materia, quienes se ha limitado en todos estos años
a evadir una respuesta, utilizando para ello la indiferencia, sin evaluar en
profundidad que están dos niñas que han sido, durante todos estos años,
víctimas de esa violencia institucional, así como puedo probar que desde el año
2007 están en conocimiento del caso la Defensora del Pueblo y la Fiscal General
de la República a quienes dirigí incontables comunicaciones sin obtener
respuesta alguna. Hace apenas dos meses, el pasado 07 de marzo del año en curso,
después de casi un año “refugiados” en el Hotel Kamarata, hospedaje ubicado en
la Avenida Bolívar en la Ciudad de Porlamar, en el Municipio Mariño del Estado
Nueva Esparta, nuestra familia fue colocada por el INAVI y la Comisión Nacional
para los Refugiados (CONREG) con sede en la Ciudad de Caracas, en una vivienda
en la mencionada urbanización Villa Zoíta en el Municipio García aquí en este
estado insular neoespartano, aunque no estuvimos de acuerdo con el lugar a donde
nos llevaron, la decisión de negarnos no estaba en nuestras posibilidades, era “aquí
y listo”, palabras del Coronel del
Ejercito que efectuó el traslado por parte de la FANB, es decir una ubicación
apresurada después de un año evaluando los casos, éramos trasladados y
ubicados, en mi opinión, sin haber calculado con objetividad el entorno del
lugar, los riesgos, el ámbito geográfico, nada, no fueron tomadas en cuenta, al
menos, las dificultades mínimas para movernos las 82 familias llevadas a ese
lugar, sin transporte alguno, sin camas donde dormir los niños y las niñas, ni
muebles donde comer, ni una silla donde sentarlos, ni escuelas, ni bodegas, ni
alumbrado publico, ni asfaltado en medio de una construcción activa, que con su
movimiento de tierra y escombros solo ha conseguido que enfermen niños y niñas
a diario por el polvo y el cemento; somos ochenta y dos (82) familias, mas de
trecientas (315) personas, caminando dos kilómetros a diario desde ese lugar hasta
la Avenida Juan Bautista Arismendi para poder movilizarnos a la Ciudad de
Porlamar a realizar nuestras actividades diarias normales en donde la mayoría
de nuestros hijos e hijas estudian, donde trabajamos y nos relacionamos. Entonces
mi esposo, como padre, ante esta problemática se dio a la tarea, con un grupo
de pobladores y pobladoras del lugar conscientes de la problemática, conformar
un Consejo Comunal con el aval y la aprobación del organismo encargado para tal
fin, FUNDACOMUNAL; a partir de ese momento comenzaron los problemas con
“alguien”, han intentando quitar a mi esposo del camino que solo buscaba la
organización del pueblo en una estructura del Poder Popular que les brindara
poder y fuerza legal, “alguien” se puso
a rebuscar e indagar sobre su pasado y a partir de ahí en pocos días, una vez
mas perdimos la paz familiar, la tranquilidad aparente y debimos huir del
lugar. Comenzaron a pintar carteles por toda la comunidad y en las paredes de
nuestra vivienda se leía “cubano sapo mardito vas a morir” y
otras “pintas”, lanzaron volantes incitando a la violencia física contra mi
esposo y nosotras, amenazaron a mi hija de diecisiete años con agredirla y
violarla a través de mensajes de texto y por Internet; algunos ciudadanos y
ciudadanas de la comunidad emprendieron toda una cruzada contra mi esposo, “el
cubano”, comenzaron a proyectar videos públicamente donde se exponían sucesos
políticos del pasado donde había estado involucrado mi esposo
descontextualizando los acontecimientos; hasta que una tarde sobre las 6:30pm cuando
realizaba la caminata diaria por el camino de tierra que conduce desde la
urbanización hasta la Avenida Juan Bautista Arismendi a buscar a nuestra
adolescente que regresaba de sus clases, pues estudia en el Liceo Santiago
Salazar Fermín en la Avenida Santiago Mariño en la Ciudad de Porlamar,
dispararon contra mi esposo, en la oscuridad pudo evadir la agresión pero por
la seguridad de las familia en particular de las niñas decidimos abandonar la
vivienda en la comunidad Villa Zoíta y marcharnos a cualquier otro lugar.
Acusarnos de
tendenciosos perturbados, paranoia con delirio de persecución ha sido una de
las armas utilizadas durante todos estos años por esos adulantes, que han
atropellado nuestros derechos desde las instituciones del estado con una altísima
indiferencia prepotente, que sólo esconde una
verdadera intención, la incitación al odio y al delito para que mi
esposo sea “liquidado” moral y físicamente por una parte de la población venezolana
que inclina su sentimiento de amor profundo hacia un líder y un proyecto
político- social, por eso en estos “personeros” no vale la pena emborronar
cuartillas, son bien conocidos sus nombres: Emiro Antonio Brito Valerio, Juan
Bautista Rodríguez, Ricardo Durán, el Ex Cónsul Cubano en Caracas Armado
Collazo, el Ex Funcionario cubano en el Consulado de Cuba en Caracas Raúl
García, Doris Chong… Coromoto Godoy Calderón, Josefina Penso, Yajaira Flores,
Isis Ochoa… la lista puede ser extensa para este documento de todos los “funcionarios
públicos” que alejados de toda ética profesional y humana atropellaron los
derechos humanos de mi familia, en especial los de mis hijas durante estos diez
(10) años.
Para
comprender nuestro caso debo retroceder en este recuento al año dos mil uno (2001)
cuando contraje matrimonio con el ciudadano Juan Alvaro Rosabal González,
de nacionalidad cubana, titular de la cedula de identidad: E-82.281.627, actualmente
sin regularizar su documentación de permanencia en territorio venezolano, algo
imposible de lograr ante tantas dificultades económicas actuales; estamos
casados por lo civil, como consta en el Registro Civil del Municipio Chacao del
Estado Miranda y con quien tengo una hermosa hija de cuatro años de nombre
Amanda y otra de diecisiete, nombrada Michelle.
Rosabal mi
esposo y padre de las niñas, reside en Venezuela desde agosto de 1997 cuando
llegó a la Isla de Margarita procedente de la Habana, Cuba. Durante los últimos siete años, nuestra
familia se ha visto obligada a recorrer miles de kilómetros huyendo de una
inhumana violencia de genero contra nosotros, incluyendo intimidación,
violencia física, psicológica, institucional, laboral en fin podría decir que
de todo tipo y hemos atravesado decenas de situaciones difíciles, entre ellas
la más critica ha sido: la indiferencia de las autoridades e
instituciones del estado venezolano en nuestro caso, que
lamentablemente me han llevado a ser actualmente paciente de la Dra. Magalys
Benchimol, Médica Psiquiatra del Hospital Luis Ortega en la Ciudad de Porlamar.
Esta historia de violencia comenzó en mayo del año 2005, exactamente el día 27
sobre las nueve de la mañana mi esposo fue “blanco” de varios disparos en un
lugar muy cerca a la vivienda que ocupábamos ubicada en la zona del Hato, en
Atámo Norte, en el Municipio Arismendi del Estado Nueva Esparta, cuando se
dirigía a su trabajo, uno de los proyectiles lo hirió de gravedad por lo que
debió ser trasladado a la República de Cuba a los pocos días de los hechos y
ese mismo día nuestra residencia fue baleada con más de cincuenta impactos de
bala por varios sujetos aun no identificados, pero una vez mas nadie vio nada,
nadie dijo nada y nuestra familia debió marcharse, irnos y dejarlo todo,
dejamos atrás una vida, la escuela de las niñas, el trabajo, los amigos, todo…
para no ser víctimas nuevamente de otro ataque violento de quienes a pesar de
ser denunciados jamás han pagado por sus actos terroristas; ese día mis hijas
perdieron una vida, sus sueños, una esperanza de crecer y educarse en paz y
amor familiar en esta hermosa isla del Estado Nueva Esparta, lloramos mucho por
la partida pero debimos abandonar el país por recomendaciones de la Embajada de
Cuba en Caracas, mis hijas sufrieron mucho porque debieron dejar atrás todo,
sus estudios en la Escuela “Luisa Cáceres de Arismendi” en la Asunción, atrás
quedaron sus maestras, su circulo de estudio, sus amistades, sus juegos en el
barrio, su entorno social y su estado psicológico de vivir en paz y amor fue
aniquilado por las balas de estos violentos y sus vidas fueron afectadas de una
forma tal que no han logrado recuperarse. Después de permanecer varios días en
la ciudad de Caracas donde atendían las heridas de mi esposo, el día 14 de
junio de ese año 2005 auxiliados por el Consulado Cubano en la Ciudad de Carcas
en todas estas gestiones legales, partimos rumbo a la Habana en un vuelo de
Cubana de Aviación. Nuestra estadía en la República de Cuba estuvo marcada por
toda una serie de retaliaciones políticas, ataques y agresiones contra la
familia, en específico contra mi persona de parte de algunos funcionarios
diplomáticos venezolanos en nuestra Embajada en la Habana, intrigas y
difamaciones que no nos permitieron asentarnos en aquel país de manera
mínimamente humana incluso a través de familiares para que abandonara a mi
esposo y huyera del país con destino a los Estados Unidos, funcionarios
diplomáticos venezolanos en la Habana nos acusaron de ser agentes de la CIA, es
decir acusados por su frondosa imaginación. El día 29 de Noviembre de 2006
después de casi dos años en la República de Cuba pasando dificultades impuestas
y provocadas por los mencionados funcionarios y diplomáticos venezolanos en la
sede de nuestra Embajada y Consulado, nos regresamos a Venezuela y nuevamente
acudimos ante el Ministerio Público, según consta en el Expediente 0494-06
abierto por la Dra. Jenny Ramírez Teherán en la Fiscalía 23 del AMC (0212-4086667)
el día 9 de diciembre de 2006, pues en la Embajada de la República Bolivariana
de Venezuela en la Habana nos habían advertido de lo que podía ocurrirle a mi
esposo si regresaba, “dejarlo muerto de un tiro” y además para poner al
corriente al Fiscal General para el momento Dr. Julián Isaías Rodríguez, de la
presencia de mi esposo en el país y de la
necesidad de una Medida de Protección por lo delicado del caso, a
finales de diciembre de 2006 la Fiscalía 23 ordena a mi esposo rendir declaraciones
en la Dirección de Investigaciones de la DISIP en el Helicoide en la Ciudad de
Caracas, ante el Inspector Jefe Joan Ramírez (0414-3283152) y el Comisario Lucas
(0416-6317664) sobre los hechos, donde se entregaron pruebas de su “trabajo” en
los sucesos de julio del año 2000, pero la solicitud de Medida de Protección fue
desestimada y rechazada, y el día 03 de
enero de 2007, sobre las 6:30pm, a solo sesenta (60) días de nuestro regreso de Cuba, cuando mi esposo
regresaba del trabajo transitando por la Avenida Páez de la Urbanización El
Paraíso en la ciudad de Caracas, fue herido por uno de los múltiples disparos
que le efectuaron con un arma de fuego, que al impactar en su humanidad le
causó graves lesiones en su cuerpo, por lo que tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente y de urgencia en la Sala Cardiovascular y hospitalizado en el
Piso No.06 del Hospital Miguel Pérez Carreño de la Ciudad de Caracas, donde fue
atendido por el Dr. Israel Seijas (Cardiologo), lugar donde el Ministerio
Público, a través de la Unidad de Atención a la Víctima del Área Metropolitana
de Caracas, hizo la respectiva entrevista y recogió la denuncia a mi esposo en
la sala de hospitalización del referido hospital, del que sin ninguna
explicación lógica fue dado de alta a tan solo 72 horas de tan delicada
intervención y debimos deambular por calles y avenidas de Caracas sin tener
adonde ir esperando una respuesta de la Cancillería ante una Medida de
Protección a la Víctima que le impuso la Dra. Tibisay Sánchez Abreu del Juzgado
Decimo Cuarto de Control en Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del
Área Metropolitana de Caracas según Oficio No. 008-07 dirigido al jefe de la
División de Investigaciones de la Policía Metropolitana, Custodio Oficial Solís
0414-2837333. Desde los primeros
momentos del ataque violento contra mi esposo aquel día 03 de enero del año
2007, puse en conocimiento a las autoridades policiales del estado venezolano y
a los funcionarios del Ministerio Público de los hechos, quienes de inmediato
se apersonaron en el centro hospitalario para levantar los informes respectivos
de investigación y la denuncia según consta en el Expediente No.D005-07 en la
Fiscalía No.47 del Área Metropolitana de Caracas, en manos de la Dra. Karím
Valois (teléfono. 0212-4086661); fue
emitida Medida de Protección y enviada
al Despacho del Canciller (recibido por Coromoto Godoy Calderón y Josefina
Penso de la Dirección General Sectorial de Relaciones Consulares 0212-8064496 y
por la Sra. Yajaira Flores Jefa de Despacho del Canciller) en donde se acordaba
su ampliación internacional según consta en Oficio emanado del Ministerio
Público bajo el No.WP01-P-2007-5464 de fecha 22-02-2008 , en conocimiento y
aprobación del Dr. Joel Espinoza Dávila Director General de Dirección de
Actuación Procesal (Maribel Berroteran/Marisela Lucena Teléfonos: 0212-5098038/
0212-5098037) y en comunicación enviada a la Cancillería y el Despacho de la
Fiscal General de la República (Sra. Yaneth/ Margarita Silva Teléfonos:
0212-5097239/ 5098038/5098073) solicitud que le hiciera el Ministerio Público
para nuestro traslado a Cuba. En enero del año 2008 estando residenciados en el
Estado Vargas, bajo extensión de la Medida de Protección anterior según consta
en el Oficio emitido a la Base de Apoyo de Inteligencia No. 104 de la Dirección
de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) bajo el No. 2519-7 de
fecha 21-12-2007 donde se le pidió coordinara el cumplimiento de la referida
Medida de Protección el caso fue atendido en la Unidad de Atención a la Víctima
del Estado Vargas por la Dra. Rhina Moros (0212-3522286/0414-1241108) y por la
Fiscal Superior del Estado Vargas para la fecha, Dra. Sonia Angarita (0414-2675026/0414-2369261)
quien gestionó hasta donde pudo de forma humana nuestro caso. Después de
realizar casi a diario viajes a la ciudad de Caracas desde el Estado Vargas, a
pesar de mi delicado estado de salud en esa fecha por un embarazo de alto
riesgo con el peligro inminente que ello representaba; mientras esperábamos la
respuesta del Despacho del Canciller, algo que a pesar de la esperanza que
pusiera en mi persona el despacho de la Dra. Gabriela Ramírez y del Dr. Germán
Saltrón Negretti, Agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema
Interamericano e Internacional (Teléfono: 0212-8064567/0212-8064566) nunca se
diligenció, por las mismas motivaciones de siempre y la misma respuesta: “deben
esperar, es un asunto delicado, su esposo es un ciudadano cubano que ha estado
implicado en hechos políticos de conocimiento publico y eso debe ser manejado a
discreción, permanezcan en el país bajo perfil”, pero mis hijas necesitaban
alimentarse, vestirse, ir a las escuelas, tener una vida normal, ¿Cómo les
explicaba yo a ellas todo este embrollo político y jurídico, que lo único que
estaba haciendo era afectando su desenvolvimiento social y personal?. Mis hijas
y nosotros dos, su padre y madre, no
resistíamos mas tanta humillación disfrazada de burocratismo de parte de algunos
funcionarios de la Cancillería donde incluso me notificaron de un punto de
cuenta que nunca se activó sin contar a otras instituciones del estado
venezolano que ya ni siquiera me atendían, por lo que decidimos irnos a Cuba por
nuestros propios medios, después de ser despedidos por estas mismas razones y a
pesar de mi embarazo, usando el poco dinero de la liquidación en obtener boletos
aéreos y visas para el viajo.
El 19 de
abril del año 2008 viajamos a la República de Cuba, allá, en territorio cubano nació el día 04 de
junio de 2008, mi
pequeña hija Amanda Rosabal Arellàn que cumple en pocos días cuatro añitos de
edad. En la República de Cuba permanecimos cuatro meses, hasta el 19 de septiembre
de ese año 2008 cuando fuimos conminadas por autoridades militares de
Inmigración y Extranjería de ese país a abandonar el territorio cubano ante el
no pronunciamiento en nuestro caso por parte de la Cancillería venezolana; con
lagrimas en mis ojos y con mucho dolor sentimental, esencialmente por la corta
edad de mi pequeña Amanda que apenas tenía cuatro meses de nacida, no me quedó
otro elección que abandonar la Patria Cubana, la de su padre, la tierra donde
había nacido mi pequeña Amanda y continuar con los mismos problemas que sabía
atravesaríamos. Llegamos a Venezuela el
19 de septiembre de 2008 contando con el solo recibimiento de mi esposo que por
nuestra llegada perdió el empleo que recién acababa de obtener y fuimos
invitados a abandonar nuestro albergue, así comenzaba de nuevo el “vía crucis”,
autoridades insensibles y prepotentes, que durante todos estos años no han
sentido, ni en lo más mínimo, el dolor de esta madre por darles una vida de paz
y tranquilidad a mis hijas. Debido a todo lo ocurrido hemos hecho una y otra
vez votos por no recurrir a instituciones que bajo sesgo político no cumplen
con su deber de protegernos como ciudadanos y en especial de combatir las
injusticias que (en ley) han sido cometidas por la dilación u omisión de respuestas,
pero vivimos en este país, que es el que como venezolanas nos pertenece y el
que debemos cambiar, estamos dentro de una sociedad, y nuestras hijas no están
aisladas del resto del colectivo, por eso sabemos muy bien que “alguien” parece
interesarse en la desaparición física de mi esposo para ejercer matrices
políticas que le favorezcan, mis hijas deben estar lejos de estos conflictos de
intereses políticos ya antes he debido recurrir a mi derecho a replica para
desmentir algunas de las matrices mediáticas y la desviación de la verdad, mi
lucha no ha sido poco y mi salud se ha
vuelto un bien muy preciado a causa de esto,
debido a que mi pequeña hija de tan sólo cuatro años ha debido vivir sin
conocer abuela alguna, ni otros familiares que nosotros, debido a visitas
inescrupulosas que sesgaron también la percepción familiar en torno a mi esposo
por causas también políticas ocasionando la agresión y luego el chantaje y alejamiento
familiar, es decir, hemos sido victimas hasta de eso, la confrontación de ideas
políticas ha impedido a mis hijas de gozar de apoyo familiar, lo cual nos hace
especialmente vulnerables al no contar con ninguna estabilidad desde la
económica, hasta la sentimental pues su familia paterna que las adora está toda
en la República de Cuba. Por dios, pido a quien lea este escrito, este
documento que comprenda que esta madre no pretende más que dar estabilidad
emocional y económica a sus hijas, que no pueden ellas pagar “per secula
seculorum” por los errores de su padre, solo le pido ayuda. Que mi esposo y
padre de mis hijas, en algún momento de su vida se equivocó y pudo haber
cometido algún error político, investíguenlo, procésenlo, estoy absolutamente
convencida que Juan Alvaro Rosabal González asumirá la responsabilidad por sus
actos, lo conozco muy bien; pero debo escribir también, en honor a la verdad,
que durante mi estadía en la República de Cuba durante los años de residencia
en ese país, visité varias instituciones militares y civiles del estado cubano,
buscando respuestas del caso y siempre recibí la misma afirmación: “Rosabal no
fue, no es, ni será un traidor, con su accionar personal solo puso en riesgo su
vida. En Cuba está toda su familia y él puede entrar y salir cuando lo
requiera” así me dijeron en el Departamento de Seguridad del Estado en
Villa Marista, en la Dirección General del Ministerio del Interior (MININT) ubicada
en Plaza de la Revolución en la República de Cuba, en el Departamento
de Atención a la Población del Consejo de Estado, recuerdo que una tarde a principios del mes de julio
del año 2006 participé en una reunión junto a mi esposo con el Director del
Periódico Granma, Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Lázaro
Barredo Medina quien recibió documentación, videos, grabaciones y fotografías
de los sucesos de julio del año 2000 donde estuvo involucrado mi esposo y donde
se demostraba la labor de “infiltración” realizada; estuve en la Dirección
Nacional de Inmigración y Extranjería y todos me hicieron el mismo
planteamiento acerca de Rosabal; lo que sucede es que lamentablemente durante
estos años nuestro caso ha caído en manos de algunos funcionarios “extremistas”
en Venezuela, que en desconocimiento de la verdad buscan fulgurar ante sus
“directivos” violando nuestros derechos, no apartando su desconocimiento de lo
humanitario del caso, al menos por las niñas; pero como dice el refrán algunos “pretenden
ser mas papistas que el Papa”; algunos han sido tan inhumanos que se han dado a
desconocer los hechos violentos contra la familia y las agresiones contra mi
esposo; pero en estos momentos puedo asegurar y escribir con total y absoluta
evidencia que mi esposo, el ciudadano cubano Juan Alvaro Rosabal González por
razones de patriotismo y en conocimiento de algunos funcionarios de la embajada
cubana, en el año dos mil (2000) “infiltró” y obtuvo “información clasificada
de una célula terrorista anticastrista” que operaba en el edificio PROTEXO en
la Avenida Urdaneta, en la Ciudad de Caracas, aquí en Venezuela; apéndice de la
llamada Junta Patriótica Cubana, organización del llamado “exilio cubano” que
tiene su base de operaciones en territorio estadounidense y que estuvo
involucrada en varios atentados violentos en Venezuela en las décadas de los 60
y 70, incluyendo la fuga de territorio venezolano del ciudadano
cubano-venezolano Luis Clemente Posada Carriles; estos ciudadanos Salvador
Romaní, Héctor Carbonell, Ricardo Koesling y otros
fueron denunciados por mi esposo en noviembre del año dos mil (2000) ante el
Fiscal Ismael Quijada en la Fiscalía 4ta del Área Metropolitana de Caracas,
pero años después nos informaron que fueron desestimadas las denuncias y “cerrado
el expediente”, a pesar que dos años después viéramos todos a través de los
medios de comunicación a estos personajes asaltando la Embajada de Cuba en
abril del año 2002; la impunidad les permitió continuar en sus andanzas violentas
y terroristas y comenzaron así las agresiones violentas contra mi esposo, con
el único fin de eliminarlo físicamente, pues nunca le pidió dinero alguno a
ellos por sus declaraciones, las cuales siempre estuvieron apegadas a sus
razones necesarias (el amor a la patria). Estoy en conocimiento que en
noviembre del año dos mil dos (2002) mi esposo nuevamente “infiltró” (palabra
utilizada por los llamados organismos de inteligencia y contrainteligencia en
nuestros países) otro grupo que planificaba acciones violentas a finales de ese
año, después del Golpe de Estado fallido en abril de 2002, actividades terroristas
con el fin de desestabilizar el desarrollo normal de la ciudadanía en Venezuela
buscando derrocar al Presidente Constitucional de la República Hugo Rafael
Chávez Frías. Este “trabajo de penetración” se ejecutó en una propiedad del
empresario zuliano Nerio Fuenmayor, Alfarería
ALCARIBE, en un lugar llamado “Playa Keylylú” en el Municipio Santa Cruz de
Mara, del Estado Zulia, hasta donde tengo conocimiento el día (24) veinticuatro
de noviembre del año dos mil dos (2002) en el lugar antes mencionado se efectuó
una reunión a puertas cerradas, mientras en otras áreas de la propiedad un
grupo de invitados participaba en una celebración, en este cenáculo participaron,
entre otros, conocidos políticos de nuestro país como Manuel Rosales, Fernando
Villasmil, Carlos Ortega, Francisco González y varios empresarios del estado,
todo con el fin de planificar las actividades que días después se conocerían
como “el Paro Petrolero” que tanto “golpeó” a la población por la escases de
algunos rubros a finales del año 2002 y principios de 2003. De esta “actividad
encubierta” en la que estuvo involucrado mi esposo tuve conocimiento, años
después, por conversaciones de varios de los que participaron en la misma,
entre los que se encontraban un Inspector Jefe de la extinta DISIP de nombre Hermes
INTERPOL (Teléfono: 0416-8060605) quien prestaba servicios de seguridad e
inteligencia en el Ministerio de Interior y Justicia por esa fecha al ciudadano
Ramón Rodríguez Chacín; el ciudadano cubano Carlos Leyva, una ciudadana cubana
que no recuerdo su nombre y otros que desconozco hoy su lugar de ubicación;
todo lo anterior ha querido ser ocultado durante años por quienes pretenden
someternos al olvido y a la oscuridad, para que nadie conozca la verdad, el
trabajo de mi esposo, su honroso pasado de lucha política y social, todo por no
contradecir la palabra de un hombre, de un líder, que en su momento se equivocó
como cualquier humano al no conocer la verdad de los hechos que estaban
aconteciendo, mi esposo jamás puso en riesgo la Revolución Bolivariana, mucho
menos el proyecto político social que lidera el Presidente Hugo Rafael Chávez
Frías, quienes estaban detrás de sus actuaciones recibiendo información desde
las filas enemigas fueron quienes ocultaron la verdad, y la niegan. Hace apenas
unos meses, en julio de 2011,
mi esposo fue convocado nuevamente a la Dirección de
Inteligencia Militar (DIM) con sede en el Estado Nueva Esparta, a rendir
declaraciones de los hechos y su vida, por siete horas estuvo declarando,
todavía hoy desconozco los motivos para esta citación y que Fiscalía del Estado
ordenó dichas investigaciones y bajo qué expediente, esto me atemorizó
muchísimo y a las niñas también.
De un hombre
puede decirse mucho, lo importante es lo que ese hombre hace, aun por encima de
lo que se dice, mi esposo ha tenido desde mi punto de vista un trayectoria de
hechos tangibles que han demostrado su calidad humana, sobre todo en los
lugares en donde hemos estado, y claramente su hacer ha sido en consecuencia
humanista y de un profundo amor a su patria y a la nuestra. Mi esposo es un
hombre leal a sus principios y jamás claudicará ante las balas… mucho menos
ante los insultos y las ofensas.
El camino
que he debido recorrer para aclarar la verdad de los hechos en los que ha
estado involucrado mi esposo ha sido largo, es innumerable la cantidad de
personas que he conocido tanto de su pasado como de esta gestión, a tal punto
que conozco muchas personas que estudiaron y trabajaron con el en la República
de Cuba y en la ex-Republica Socialista de Checoslovaquia donde mi esposo
estudio por cuatro años; durante todos estos años he debido obedecer a mi
corazón patriota para guardar en silencio el bien mas preciado de un soldado,
que es la lucha anónima, pero considero como cristiana que todo tiene un tiempo
y este es el tiempo de poner las cosas en claro, el futuro de mis hijas lo
exige, los sacrificios que hemos atravesado han sido pocos para el dolor que
algunos han querido infringir a nuestra familia ya sea por la vía expresa, o
por la omisión y dilación, y aún cuando a muchos funcionarios la verdad les
moleste e incomode debo ser consecuente con mi deber principal, que es ser
madre, alguien me dijo un día que Bolívar no tuvo hijos para dedicar su labor
únicamente a liberar la patria, pero la patria es mujer y también es madre, por
esta razón debo proteger la vida de mis hijas, en especial la de la pequeña
Amanda que inocente de todo no atina a entender porque nos vamos de tantas
casas, dejando atrás amiguitos y amiguitas que solo puede conocer por pocos
meses, Amanda se pregunta ¿por qué su abuela, Onilda, sus tías y sus primos cubanos
son una fotografía implantada en su recuerdo?, me pregunta: “¿Mamá cuando nos
montaremos en un avión para ir a visitar a la abuela que está lejos?”, por eso
dada su necesidad y preguntas debo actuar, dejar de llorar y asentar en el
mundo la verdad, aun cuando ésta obedezca al deseo de tan cruel humillación.
Amanda se ha criado alejada de todos, solo con el amor y el cariño de aquellos
a quienes ama con profundidad, sus únicos familiares en este país, su madre, su
padre y su hermana Michelle, este hermosos país donde ha conocido la palabra
amiguitos y maestra, en el Simoncito “Azul y Viento” al que ya no acude desde
hace dos meses producto de esta problemática, entonces ¿ha afectado toda esta
situación de agresiones, violencia e indiferencia institucional, la vida de mis
hijas o no? Hace apenas dos meses, estando “refugiados” en el Hotel Kamarata en
la Avenida Bolívar, en la Ciudad de Porlamar, pensé que la vida nos cambiaria,
que por fin todo esto seria pasado, y que mis hijas encontrarían la paz y la
tranquilidad que tanto deseo para ellas, pero lamentablemente no ha sido así,
por lo que como madre desesperada espero esta vez una respuesta sensible y humanitaria,
una Medida de Protección emitida por la Fiscalía 3ra del Ministerio Público en
el Estado Nueva Esparta que nos ubique bien alejados de toda forma de violencia
que tanto daño nos ha hecho.
Que mi
esposo y padre de mis hijas, en algún momento de su vida se equivocó y pudo
haber cometido algún error político, investíguenlo, procésenlo, estoy
absolutamente convencida que Juan Alvaro Rosabal González asumirá la
responsabilidad por sus actos, lo conozco muy bien; pero debo escribir también,
en honor a la verdad, que durante mi estadía en la República de Cuba durante
los años de residencia en ese país, visité varias instituciones militares y
civiles del estado cubano, buscando respuestas del caso y siempre recibí la
misma afirmación: “Rosabal no fue, no es, ni será un traidor, con su accionar
personal solo puso en riesgo su vida. En Cuba está toda su familia y él puede
entrar y salir cuando lo requiera” así me dijeron en el Departamento de
Seguridad del Estado en Villa Marista, en la Dirección General del MININT en Plaza
de la Revolución, en el Departamento de Atención a la Población del Consejo de
Estado, en la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería, lo que sucede es
que lamentablemente nuestro caso ha caído en manos de algunos de estos
funcionarios “extremistas” que buscan fulgurar violando nuestros derechos, como
dice el refrán “pretenden ser más papistas que el Papa”; algunos han sido tan
inhumanos que se han dado a desconocer los hechos violentos contra la familia y
las agresiones contra mi esposo .
Hace pocas
horas horas antes de redactar esta denuncia para ser entregada en Fiscalía,
funcionarios del INAVI junto a militares venezolanos fuertemente armados han
entrado “sin autorización” a nuestra vivienda sin orden de registro ni de
captura alguna buscando a mi esposo “para meterlo preso”, quiero poner en
alerta por la vida de mi querido esposo Juan Alvaro Rosabal González, ciudadano
cubano, perseguido en ocasiones durante todos estos años por funcionarios de la
Dirección de Inteligencia Militar (DIM) que lo han llevado a sus “locales” para
entrevistas, interrogatorios, tomarle huellas, fotos… y todo esto sin orden judicial
de algún Tribunal de Control de la República, quien debe dar explicaciones de
esto es el Comisario Jefe de la DIM en Nueva Esparta de nombre Augusto López
quien hace minutos acaba de amenazarme, ofenderme y amedrentarme por teléfono, llamándome
“mal agradecida, usted es una loca… al no reconocer la vivienda que les regaló
Chávez” , así estamos viviendo entre tiros, amenazas y chantajes en una
vivienda que dejamos atrás por las agresiones y las balas… solo agradezco por
salvarnos de este infierno que me tiene mal de salud.
Por todo lo anteriormente
expresado solicito humildemente, ante todo como madre, Asistencia y Protección
para nuestra familia de acuerdo a la Ley de Victimas, Testigos y Demás Sujetos
Procesales, pidiendo comprensión de las autoridades del Instituto de la Vivienda
(INAVI), de la FANB y de los demás organismos e instituciones competentes,
sobre la imposibilidad por el riesgo que representa para nuestra seguridad, el
regresar a la vivienda ubicada en la comunidad de Villa Zoíta en el Municipio
García Estado Nueva Esparta y la posibilidad de asistencia, ayuda, para marcharnos
a otro lugar del territorio nacional, ya que como he planteado al inicio desde hace
siete días permanecemos de incógnitos en un sótano de un edificio de
residencias sin condición alguna de habitabilidad.
En estos
momentos cuando emito esta declaración, ante la Dirección de Investigaciones de
la Policía (DAIP) del Estado Nueva Esparta (INEPOL) a solicitud de la Fiscalía
Tercera del Ministerio Publico en el Estado Nueva Esparta, donde he interpuesto
nuevamente una denuncia antes de que sea demasiado tarde, y la violencia no me
permita ver crecer a mis hijas, pido a dios y a las instituciones competentes del
estado venezolano hacer justicia en nuestro caso, al menos por el futuro de las
niñas. Gracias.
En la Ciudad
de Porlamar a los veintiséis (26) días del mes de mayo de dos mil doce (2012).
Carmen Adriana Arellán de Rosabal
C. I. No. V-6.862.467
